Caso De Miguel: El Supremo confirma las condenas por corrupción a integrantes del PNV con leves rebajas de penas | España

El Tribunal Supremo ha confirmado “con puntuales correcciones técnicas” la condena por corrupción a tres integrantes del PNV de Álava en el caso De Miguel, conocido como la mayor causa de corrupción de Euskadi. La resolución del alto tribunal absuelve a dos de los principales enjuiciados, de “algunas actuaciones aisladas” por las que le condenó la Audiencia de Álava, algo que les ha supuesto una reducción de 11 meses en sus condenas de prisión. Con todo, el alto tribunal ha impuesto a Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV en Álava y principal acusado de dirigir una trama de cobro de comisiones ilegales, una pena total de 12 años y cuatro meses de prisión, de los que tendrá que cumplir un máximo de nueve años. Sus colaboradores Luis Felipe Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, excargos internos del partido y con responsabilidades políticas, han sido condenados a siete años y medio de prisión (de los que cumplirá como máximo seis años y nueve meses), y a cinco años y un mes de cárcel, respectivamente.

Los excargos del PNV condenados por corrupción habían evitado hasta ahora la entrada en prisión porque la sentencia no era firme. El tribunal que les juzgó rechazó que entraran en la cárcel, pese a las elevadas condenas que recibieron, hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara. Los hechos se produjeron entre 2005 y 2009, y la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dictó a finales de 2019. El lehendakari Iñigo Urkullu, que era presidente del PNV cuando el caso salió a la luz, pidió disculpas a la sociedad, aunque ciñó los hechos por los que habían sido condenados los dirigentes del PNV de Álava a sus “actividades particulares”.

El Departamento vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha ordenado a la Fundación Hazi y al Parque Tecnológido de Álava, adscritos al sector público vasco, el despido de De Miguel y Otxandiano.

El PNV, principal fuerza en el Parlamento vasco, ha señalado que expulsará definitivamente a los condenados, y ha pedido “perdón” a través de un comunicado, en el que la formación nacionalista asegura que la sentencia no le afecta “como partido” ni tampoco en lo que respecta a su financiación. El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha asegurado este martes que no se trata de “un caso aislado” sino que “atiende a un modus operandi, a un tipo de hacer política y de entender lo que son las adjudicaciones y los contratos públicos”. El PSE-EE ha pedido, antes de conocerse los despidos, que el fallo se aplique “a la mayor brevedad” en el ámbito laboral de las personas condenadas por el caso, como es el caso del ex dirigente alavés de la formación Alfredo de Miguel, principal acusado, que dio nombre al caso y que trabaja en un organismo dependiente del Ejecutivo vasco. Por su parte, el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, entiende que las responsabilidades “no solo son De Miguel” y que el caso “salpica a la cúpula del PNV que cubre al principal personaje de la trama”.

Alfredo de Miguel fue diputado foral de Administración Pública y miembro del máximo órgano del PNV de ese territorio. La resolución del Supremo considera que los tres políticos vascos utilizaron su influencia como miembros del PNV y “su compañerismo político” con personalidades de relevancia en la administración autonómica y municipal para favorecer que determinados organismos adjudicaran contratos de obras y servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión. Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Esas sociedades aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros, según ha precisado el alto tribunal este martes en un comunicado. Los integrantes de la Ejecutiva alavesa han sido condenados por tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

La sentencia condena además a determinados empresarios que impulsaron la actuación ilícita y que se favorecieron con ella. Aunque algunos no recurrieron la condena de la Audiencia Provincial de Vitoria, sí lo hicieron Sergio Fernández (Studio Técnico de Obras y Arquitectura, S. L.) y Jon Iñaki Echaburu (Construcciones Loizate, S. A.). Para el primero se confirma su pena a un año y seis meses de prisión por los delitos de falsedad documental y cohecho. Echaburu ha sido condenado a cinco meses de prisión como inductor de un delito de tráfico de influencias, y ha quedado absuelto de los delitos de cohecho y asociación ilícita por los que estaba inicialmente condenado.

La resolución absuelve a De Miguel, a Tellería, al antiguo gerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Arriola y al exconcejal del PNV en Leioa (Bizkaia), Iñaki San Juan, de algunas “actuaciones aisladas” por las que habían sido condenados por la Audiencia Provincial alavesa. Esa decisión ha supuesto una reducción en las penas iniciales de De Miguel y Tellería. También ha quedado absuelto de todos los cargos Julián Andrés Sánchez Alegría (enjuiciado por su actuación como presidente de los Parques Tecnológicos del País Vasco), porque durante el juicio no se mostraron pruebas suficientes de que llegara a conocer las irregularidades en procedimientos que llevaron a la adjudicación de contratos a favor de las empresas Urbanorma y Studio Técnico de Obras y Arquitectura, hechos por los que sí había sido condenado en la sentencia de primera instancia. El tribunal ha estado formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena (ponente).