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Nicolás Maduro hizo un llamado público este lunes a los jueces y fiscales del país para que revisen las detenciones realizadas tras las elecciones del 28 de julio, así como los procesos judiciales relacionados, con el objetivo de «rectificar» en caso de que se haya cometido algún error.

En su intervención durante su programa semanal de televisión, Maduro destacó que este proceso debe garantizar la justicia, tanto para castigar a los culpables como para perdonar cuando sea necesario.

«Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, le hago un llamado a los jueces del país. Como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar, que revisen también para que haya justicia», manifestó el mandatario, quien reconoció la importancia de la imparcialidad y la legalidad en los procesos judiciales.

Maduro hizo referencia a los 69 niños y adolescentes que forman parte de los 1.836 detenidos tras las protestas que siguieron a los comicios presidenciales. Según diversas organizaciones no gubernamentales, estos jóvenes fueron arrestados bajo cargos relacionados con supuestos delitos violentos, principalmente vinculados a las manifestaciones en rechazo al resultado electoral, que confirmó su reelección, según el CNE.

Sin embargo, el líder del oficialismo sugirió que la justicia debe actuar con equilibrio: «La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar», indicó.

El mandatario añadió que, en caso de que se haya producido algún «error procedimental» durante los arrestos o el manejo judicial de estos casos, pidió a las autoridades que actúen a favor de los detenidos, ya que, según él, las detenciones ocurrieron «en un momento de un disturbio como loco», lo que podría haber afectado la legalidad de algunos procesos.

Estas declaraciones se producen después de que, el pasado jueves, familiares de los detenidos leyeran una carta frente al Palacio de Justicia en Caracas, en la que solicitaban la concesión de una medida de gracia que garantice la liberación inmediata y total de los arrestados. En su carta, los familiares denunciaron la falta de garantías judiciales y el trato inhumano recibido por los detenidos.

Maduro también recordó que, tras las elecciones, ordenó a las fuerzas de seguridad llevar a cabo una serie de arrestos masivos para enfrentar las protestas que se desataron en el país, las cuales fueron calificadas como un acto de «terrorismo de Estado» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU acusó al gobierno venezolano de perpetrar crímenes de lesa humanidad, en un contexto de persecución política.

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