Llevaba sobre los hombros una manta para el frío y una sudadera. A finales de noviembre, Valeria (nombre ficticio), de 16 años y nacida en Parla, esperaba a que se abrieran las puertas del centro de acogida de menores de Hortaleza para hablar con su directora. Había pasado más de 10 días durmiendo en la calle, según contó a EL PAÍS, que pudo comprobarlo con fuentes de la institución. Hasta mayo, ese edificio había sido su única casa durante siete meses, cuando llegó ahí de la mano de la policía después de tirarse de un tercer piso huyendo de los golpes de su familia. Con el centro al borde del colapso, la habían echado para que volviera con su madre. “Prefiero morirme de frío que volver a casa”, contaba a este diario, que ha seguido su caso desde entonces. Cada día, a la hora de comer, volvía a la puerta del centro, para rogar que la dejaran entrar.

La Consejería de Familia, responsable del centro, no ha respondido a las preguntas de este diario sobre qué medidas se tomaron para garantizar que al salir del centro, Valeria fuera a un espacio seguro y no a la calle, tampoco si le ofrecieron otras opciones, como ir a un piso de acogida. El organismo niega que fuera expulsada, pues se le informó de que tenía que volver con su familia y fue ella la que decidió marcharse con tal de no regresar a casa. La consejería insiste en que trabaja para garantizar “mediante sus diferentes recursos, la protección y el bienestar de los menores”.

Según el relato de Valeria —que coincide con el que le dio a la presidenta de la asociación Somos Acogida, Emilia Lozano, cuando se la encontró en ese mismo sitio y del que tenía conocimiento la dirección general de Infancia— fue propuesta para salir del centro y regresar con su familia después de que llevara ingresada ahí más de siete meses. No era la primera vez que eso pasaba, había salido una vez más y también se había ido a la calle. Dormía en el parque de al lado del recinto y esperaba a que alguna amiga saliera para hablar con alguien; otras veces, encontraba un lugar donde dormir en un piso okupa en la plaza de Castilla. Una situación de la que la dirección era consciente. El primer día que Valeria habló con EL PAÍS, llevaba una carta para la directora: “Le escribí que, por favor, no me echara y que, si me quería echar, que me mandara a otro centro, me daba igual si era abierto o cerrado”, recuerda.

El centro de primera acogida de menores de Hortaleza es una institución que depende de la Comunidad de Madrid y funciona como un espacio de emergencia. Los menores entre 15 y 18 años llegan a instancias de la policía, la Fiscalía de Menores o los servicios sociales mientras se decide sobre ellos: regresar con su familia, o bien ir a otro tipo de centro o piso de acogida. No deben estar ahí más de tres meses. Pero esa no es siempre la realidad de esta institución que ha denunciado desde hace años el hacinamiento en sus instalaciones, con capacidad para 52 chicos y 20 chicas, pero que cada semana supera el número de plazas disponibles.

En el caso de Valeria, su vía crucis comenzó en mayo. “Mi madre me encerró en la habitación, cerró la puerta de la calle y todas las ventanas. Cuando escuché que no había nadie en la casa, rompí la puerta y vi que la de la calle estaba cerrada. Y no sabía qué hacer, estaba muy nerviosa. Yo tengo mucha ansiedad. Lo primero que se me ocurrió fue coger un jarrón y romper el cristal de la ventana. Era un tercer piso”, recuerda. “Tiré el colchón hacia la calle y salté encima desde el tercer piso. No me hice nada”, relata. De ahí trató de buscar a una amiga, pero no la encontró. Entonces, se fue a un local okupado que conocía, porque desde los 14 años había tratado de huir de su casa. “Ahí fue donde me encontró la policía, me llevaron a la comisaría y yo les decía que prefería morirme a volver mi casa. Entonces la Fiscalía llamó a Hortaleza y me enviaron al centro”, cuenta.

Un detalle de la habitación de Valeria del centro de menores de Hortaleza.
Un detalle de la habitación de Valeria del centro de menores de Hortaleza.

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Valeria se crio en Parla. Tiene dos hermanos más pequeños, una de ocho años y otro de 13, con el que compartía habitación. Sus padres son de Nigeria, aunque todos sus hijos nacieron en España. Su madre trabaja limpiando en un hotel y su padre es transportista. “Me pegan en casa desde que era pequeña. En el colegio se me veían los moratones y, cuando mis compañeros me preguntaban, yo les decía que me había caído”. Reconoce que comenzó a escaparse de casa a los 14 años, había pasado temporadas de dos meses fuera y no era la primera vez que dormía en la calle. Mientras estuvo interna, vio a su familia unas dos veces, cuenta: “La última conversación con mi madre acabó muy mal”.

A principios de diciembre, después de más de una semana durmiendo a la intemperie, Valeria volvió a ingresar al centro. Estuvo allí hasta el 16, el día de su cumpleaños, cuando le volvieron a decir que se tenía que ir, pese a los ruegos que le hizo a la dirección. Antes de eso, ella ya sospechaba que tendría que regresar a las calles y durante la conversación con EL PAÍS, Valeria mostró unos cortes que se acababa de hacer en el brazo. “Cuando estoy nerviosa, no siento ni dolor ni nada. Empiezo a hacerme cortes como loca y yo no siento nada, hasta que vuelvo en mí y veo que me he cortado mucho. Empecé a hacerme cortes desde muy pequeña, las manchas de mi pierna son de un cuchillo que me clavaba”, explica.

Estos días está en su casa de nuevo. “Pero me voy a ir en cuanto pueda”, explica. Ha tratado de buscar trabajo a través de un programa de la Comunidad de Madrid, aunque duda que lo vaya a conseguir. “Me quiero ir a Francia. Es el único sitio donde se me ocurre que esté fuera de España. Ahí iré a la comisaría y diré que soy mena, y me meterán en un centro. No pueden dejar en la calle a una menor, como aquí”, remata.

El caso de Valeria supone un reflejo de una realidad oculta, la de cientos de niños con familias rotas o sin ellas. La presidenta de la asociación Somos Acogida, que escuchó el relato de Valeria a finales de noviembre y se lo trasladó en una reunión privada a la directora general de Infancia, Silvia Valmaña, denuncia que no es el único caso: “Yo misma he acompañado a otros niños en el parque hace un tiempo porque los habían castigado dejándolos en la calle. Llamamos a la policía. Ellos no tienen a nadie, su casa es ese centro”. Este periódico ha tenido constancia de otro más, el de una chica que, después de salir, llegó a dormir meses en el aeropuerto y volvía cada día, como Valeria, a la puerta del recinto para intentar ingresar. Mucho más delgada, hasta con chinches.

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