Una tormenta aguarda a los albergues de la frontera ante el fin del Título 42 | Internacional

En Puerto Palomas hay un monumento del mexicano más famoso que cruzó ilegalmente a Estados Unidos. Una estatua ecuestre de Pancho Villa recuerda el punto por donde el revolucionario atravesó la línea la madrugada del 9 de marzo de 1916 junto con 300 soldados en una invasión que dejó 18 estadounidenses muertos y un gran conflicto entre México y Estados Unidos. Más de un siglo después, la derecha más radical habla de otra invasión que nace en pueblos fronterizos como este. La de decenas de miles de inmigrantes que han cruzado gracias al Título 42, una medida sanitaria que se extingue a las 23.59 de Washington.

A unos metros de donde inició la invasión de Columbus (Nuevo México) se encuentra un albergue lleno de vidas que perdieron la batalla contra la política migratoria de Washington. El sitio fue acondicionado por las autoridades del municipio de Ascensión para hacer frente a las olas de personas devueltas por la Patrulla Fronteriza desde que Donald Trump instauró la norma, que permite expulsar a inmigrantes irregulares velozmente vía terrestre.

Jose, un inmigrante hondureño, trabaja turnos de 24 horas como encargado para recibir a quienes llegan. El último golpe en la puerta se oyó a la una de la madrugada. “En los últimos dos meses solo hubo un día en que no llegó nadie”, cuenta sentado en una pequeña habitación que hace de comedor, cocina y cuarto de entretenimiento. A sus espaldas hay una habitación en penumbra con literas donde descansan ocho hombres de México, Venezuela y Honduras.

De enero a la fecha han pasado por allí unas dos mil personas. La cifra puede parecer pequeña ante el inmenso flujo que registran ciudades más grandes de la frontera como Nogales (Sonora), Piedras Negras (Coahuila), Nuevo Laredo (Tamaulipas) o Ciudad Juárez, a 120 kilómetros al este de Puerto Palomas. Pero el número representa el 25% de la población de la localidad.

“Definitivamente no tenemos capacidad para hacer frente al Título 8″, considera Saúl Carrillo, el encargado de Protección Civil y responsable del albergue. El funcionario habla de lo que sucederá desde el primer minuto del viernes, cuando Estados Unidos procese con más dureza a quien llegue de forma irregular y sin anunciarse por medio de una aplicación. Washington también aumentará el ritmo de deportaciones. El título 8 es la herramienta legal que permitió a los responsables del Servicio de Aduanas y Protección fronteriza expulsar a tres millones de personas durante los ocho años de la Administración de Barack Obama.

El albergue tiene capacidad para 40 personas. La tarde del miércoles había espacio después de que un grupo grande lo abandonara por la mañana. José explica que el gobierno local llegó a un acuerdo con una empresa de autobuses para ofrecer boletos con un 50% de descuento. Pero hay una condición. “Los viajes solo pueden ser al sur, porque si pides ir a otro punto de la frontera no te tiran”, dice el encargado. José no tiene muy claro qué pasará con el albergue una vez que desaparezca el título 42.

“Nunca somos suficientes para atender la situación”

Estados Unidos calcula que hay unas 150.000 personas en refugios, albergues o en las calles en los más de tres mil kilómetros de frontera. Ciudad Juárez ha sido una de las zonas cero de la crisis que comenzó con las caravanas migrantes que salían de Centroamérica y subían al norte para chocar con el muro de Trump. En la urbe de Chihuahua, un enjambre de organizaciones civiles, iglesias y diversos niveles de Gobierno intentan evitar una crisis humanitaria.

“Cada vez que hay cambios migratorios significativos hemos visto que hay cierta paz, como que todo está tranquilo, pero después de eso llega la tormenta. En esto, con nosotros, es al revés: después de la calma viene la tormenta”, afirma el pastor Juan Fierro, quien dirige desde hace ocho años El buen samaritano, un albergue ubicado en una colonia popular al noroeste de Ciudad Juárez. “La situación migratoria nos rebasa cada vez. Nunca somos suficientes para parar lo que está pasando en este tiempo y en estos futuros años. Es algo que se va a manifestar de una forma tremenda porque la violencia sigue en todo el mundo. Y luego agréguele la situación climática que está dejando a personas sin casas”, añade el evangélico.

El sitio ha albergado a inmigrantes de 25 nacionalidades. No solo de países americanos, sino también de Irak, Congo, Ucrania, Etiopía y Camerún. Lo peor fue en 2019, cuando las caravanas llevaron a sus puertas a 260 personas a pesar de tener cupo para 40. Con los donativos e inversiones de organizaciones internacionales, el edificio creció y hoy pueden dar techo a 150 migrantes. Este martes había 62 personas, pero Fierro cree que los próximos días la situación será más compleja. “El domingo yo tendré aquí unas 75 ó 80 personas y la próxima semana probablemente pueda alcanzar el máximo de capacidad que tenemos”, señala.

Algo similar sucede con otros albergues de Juárez, una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Un vocero de la alcaldía ha dicho a este periódico que ninguno de estos superaba este miércoles el 50% de ocupación. “No hay más de dos mil personas en la ciudad y tenemos unas 4.000 camas en todos los albergues de la red para los próximos días”, indica Carlos Nájera.

El pastor Fierro asegura que el rostro de esta crisis ha dejado de ser solamente de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití o Centroamérica. También hay mexicanos desplazados por la violencia. “Calculo que 40 de los 62 que tengo aquí son mexicanos que han dejado sus estados”, dice. Mientras habla, dos familias de Guerrero, un Estado del sur castigado por la violencia y la pobreza, se protegía del sol bajo una carpa. Ismael, de 38 años y originario del municipio de Coyuca, asegura que pensaba cruzar y entregarse a la Patrulla Fronteriza. No lo hizo porque un hombre le dijo que debía pagar al cártel 6.000 dólares para que su hija, su esposa y él tuvieran la luz verde. “La frontera la maneja el crimen”, señala. Aguarda con paciencia desde hace dos semanas a que el Gobierno de Biden le dé una cita mediante la aplicación habilitada por el Departamento de Seguridad Interior.

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