Un día después de que la Casa Blanca asegurara que se puede deportar a extranjeros “por sus opiniones”, una jueza de inmigración de Luisiana ha concedido al Gobierno una victoria anticipada en sus esfuerzos por reprimir las manifestaciones propalestinas en los campus universitarios, al determinar que el activista Mahmud Khalil, un posgraduado de Columbia que lideró la movilización en el campus la primavera pasada, puede ser deportado pese a ser residente legal en EE UU y estar casado con una ciudadana estadounidense. Khalil fue el primero de una serie de estudiantes e investigadores detenidos por participar en protestas contra la guerra de Gaza, mientras el número de visados revocados a estudiantes extranjeros por el mismo motivo se eleva al menos a 350.
De hecho, el traslado de Khalil a Luisiana desde el centro de detención de extranjeros de Nueva Jersey al que fue conducido inmediatamente después de su detención, en la noche del 8 de marzo en su apartamento del campus, respondía a la dureza de los jueces de inmigración de aquel Estado. El visto bueno de la jueza Jamee E. Comans es también un espaldarazo para la gran ofensiva de la Administración republicana bajo el pretexto de “combatir el antisemitismo” que, en la práctica, aspira a acallar toda crítica a Israel. Sin embargo, la deportación no puede darse por hecha ya que aún está pendiente una decisión de un tribunal federal en Newark, en Nueva Jersey, un estado más clemente y el primero al que Khalil fue trasladado tras su detención.
El fallo de este viernes está por tanto lejos de ser la última palabra sobre el futuro inmediato de Khalil, que también fue interlocutor ante el rectorado durante la movilización estudiantil y el desalojo de un edificio ocupado en el campus, al que puso fin una intervención policial. Pero como mínimo la decisión de la jueza Comans confirma el extraordinario poder que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha hecho valer. “El Departamento [de Estado] ha cumplido su obligación de demostrar la expulsión mediante pruebas claras y convincentes”, declaró la jueza al final de la vista celebrada hoy en el tribunal de inmigración de Jena, la ciudad en cuyo centro de detención de extranjeros está recluido Khalil desde el domingo 9 de marzo. Sus abogados proseguirán su lucha en Luisiana y Nueva Jersey, alegando que se le ha perseguido por hacer valer unos derechos protegidos por la Constitución.
Lo más probable es que las cuestiones constitucionales que constituyen el núcleo del caso —si la detención del hombre ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión que consagra la Primera Enmienda— se traten más a fondo en el tribunal federal de Nueva Jersey que en el de Luisiana.
Marco Rubio se apunta una clara victoria tras invocar una ley de 1952 raramente citada, según la cual cualquier extranjero que perjudique los intereses de la política exterior de EE UU puede ser objeto de deportación. Y los intereses de la política exterior de Washington, gobiernen los republicanos o los demócratas, suelen coincidir bastante con los de Israel, de ahí el empeño de la Administración republicana en acallar cualquier crítica a su privilegiado socio en Oriente Próximo, con el que mantiene un “vínculo inquebrantable”. Según Rubio, Khalil perjudicaba el interés de la política exterior estadounidense de acabar con el supuesto antisemitismo en los campus. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva específica para tal fin a finales de enero.
La jueza ha considerado que el Gobierno había cumplido con la carga de la prueba que exige la ley, una carta de Rubio declarando que la presencia de Khalil en el país favorecía el antisemitismo. El Departamento de Seguridad Nacional, del que en teoría dependen los procesos de deportación, no parece haber presentado ninguna otra prueba concreta que corrobore esa afirmación, más allá de las acusaciones de la Casa Blanca de que el hombre está “alineado con los terroristas de Hamás”, aunque no ha hecho públicos los documentos que ha presentado en su caso.
Khalil respondió con dureza al fallo de Comans. “Me gustaría citar lo que usted dijo la última vez, que no hay nada que sea más importante para este tribunal que los derechos al debido proceso [juicio justo] y la imparcialidad fundamental”, dijo. “Claramente, en lo que presenciamos hoy, ninguno de estos principios ha estado presente hoy o en todo este proceso. Esta es exactamente la razón por la que la Administración de Trump me ha enviado a este tribunal, a mil millas de distancia de mi familia”, en Nueva York.
Los jueces de inmigración son empleados del poder ejecutivo, no del judicial, y a menudo aprueban las medidas de deportación del Departamento de Seguridad Nacional. Sería altamente improbable que un juez de este tipo, al servicio del fiscal general de Estados Unidos (ministro de Justicia), se enfrentara a las cuestiones constitucionales que plantea el caso de Khalil. También correría el riesgo de ser despedido por una administración que se ha propuesto no perdonar a los disidentes.
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