Surgió una nueva polémica, el día de ayer, entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el titular de la Fiscalía General, Francisco Barbosa.
En esta oportunidad, el tema central de la discusión es la supuesta inacción de varios funcionarios de la fiscalía, que habrían tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, quienes finalmente fueron asesinados por el Clan del Golfo.
Desde Salamanca, en su visita oficial a España, el mandatario recordó las funciones atribuidas al jefe de Estado en la Carta Magna y dijo que sus integrantes debían respetarlo.
“Es Estado comprende todas las ramas del poder público, las coordina y les garantiza su autonomía”, expresó.
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En un trino previo, el presidente afirmó que el fiscal general “quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista”. Con respecto a esto último, Petro se refirió a la denuncia publicada en La Nueva Prensa por el periodista Gonzalo Guillén, quien sostiene que un grupo de fiscales del Ministerio Público supuestamente conocía una lista con los nombres de 200 personas que serían ultimadas por el Clan del Golfo.
Tribunal “exasperado”. frente a las polémicas declaraciones, la Corte Suprema indicó que tenía “gran inquietud por la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución”. Frase a la que Petro respondió “el artículo 115 de la Constitución designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa”.
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