Policías y guardias civiles de Jusapol marchan hacia el Congreso de los diputados durante una manifestación contra la reforma de la 'ley mordaza', el pasado 4 de marzo.
Policías y guardias civiles de Jusapol marchan hacia el Congreso de los diputados durante una manifestación contra la reforma de la ‘ley mordaza’, el pasado 4 de marzo.Alberto Ortega (Europa Press)

Era una de las grandes promesas del Gobierno de coalición, un compromiso personal del propio Pedro Sánchez que ratificó en el 40º congreso del PSOE, celebrado en Valencia en octubre de 2021. “Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley mordaza”, proclamó entonces el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas al avanzar entonces los que serían los próximos hitos del Ejecutivo como la ley de eutanasia, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital o la reforma de las pensiones. Si en un principio Sánchez y su partido se plantearon una derogación, que finalmente mutó en reforma, las disputas de los últimos meses entre los cuatro partidos de izquierda ―PSOE, Unidad Podemos, ERC y EH Bildu― por el alcance de la reforma han puesto al filo del fracaso un proceso al que se había sumado PNV. El principal escollo ha resultado ser unos objetos que pesan no llegan a los 100 gramos y tienen un diámetro menor a los seis centímetros: las pelotas de goma que utilizan los policías para hacer frente a los altercados callejeros.

Fuentes de la dirección parlamentaria de ERC explicaron este jueves que observan muchas más posibilidades de que salga adelante la ley de vivienda ―en la que también hay discrepancias entre los partidos de la izquierda― que la reforma de la ley mordaza, y han avanzado que su única duda es si tumbarán esta última el próximo martes, durante la comisión parlamentaria en la que se votará si pasa al pleno, o esperarán al este último, que aún no tiene fecha. La ministra de Hacienda socialista, María Jesús Montero, ha concedido también este jueves que el Gobierno da más prioridad a la ley de vivienda que a la ley mordaza, bajo el argumento de que tiene más trascendencia e importancia para la gente y, en particular, para los jóvenes. El último encuentro de trabajo entre estas seis formaciones ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts―, celebrado este martes y que duró poco más de media hora, finalizó con las posiciones igual de enconadas, pese a que los tres primeros partidos presentaron sendos textos alternativos para los cuatro artículos que tienen encallada la negociación. La propuesta fue rechazada por las otras tres, según coinciden varias fuentes conocedoras del encuentro.

Fue un fracaso anunciado a la vista de las grandes diferencias que, desde el inicio de las negociaciones, mantenían los seis partidos que defendían cambiar la norma en varios puntos y, sobre todo, en el uso del las pelotas de goma. El PSOE partía de la enmienda que presentó en su día, junto con Unidas Podemos, y que no contemplaba ningún recorte en el material antidistubios. Aquel texto recogía como novedad la obligación por parte de “las autoridades competentes” ―en referencia al Ministerio del Interior y los gobiernos autónomos que tienen transferidas las competencias en materia de seguridad ciudadana― de elaborar “protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales” sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

Por su parte, ERC incluyó en sus enmiendas un punto para que las pelotas de goma quedasen “expresamente” prohibidas. Una postura que reafirmó en abril del año pasado, cuando entregó a los otros cinco grupos parlamentarios partidarios de la reforma un documento con 11 modificaciones de la ley que la formación nacionalista considera irrenunciables para que sus diputados votasen a favor de una futura reforma. Entre ellos estaba el fin de este material. EH Bildu también mostró desde el inicio una posición de firmeza para acabar con ellas, al igual que Junts, que recalcaba que, en Cataluña, los Mossos d’Esquadra dejaron de utilizarlas en 2014 y fueron sustituidas por proyectiles de foam, un material viscoelástico sobre el papel menos lesivo.

Por su parte, el PNV planteaba seguir el modelo que adoptó el Ejecutivo vasco tras la muerte, el 5 de abril de 2012, del seguidor del Athletic de Bilbao Íñigo Cabacas tras recibir en la cabeza el impacto de uno de estos proyectiles durante los incidentes tras un partido de fútbol. Aquel suceso se saldó en el ámbito judicial con la condena a dos años de cárcel por homicidio imprudente del mando de la Ertzaintza que dirigió el operativo, y en lo policial, con severas restricciones al uso de las pelotas de goma. Desde entonces, estas no están formalmente prohibidas, pero desde aquel suceso, hace 10 años, la policía autonómica vasca no ha disparado ninguna y ha utilizado únicamente proyectiles de foam, como los mossos. El motivo es que el protocolo que se elaboró tras entonces fija que antes de disparar pelotas de goma, el mando de la Brigada Móvil (los antidisturbios) de la Ertzaintza al frente del operativo debe justificar su decisión y pedir autorización previa al viceconsejero de Interior.

Las posiciones de los partidos se mantuvieron sin movimientos hasta el pasado noviembre. Unidas Podemos, que en su momento se había alineado con el PSOE, planteaba incluir en la futura ley de seguridad ciudadana una disposición adicional para crear, “en el plazo de seis meses” desde que saliera adelante la reforma, una comisión presidida por el Defensor del Pueblo con el mandato de elaborar “un dictamen sobre la desaparición del material antidisturbios que pueda causar lesiones irreparables, incluyendo los proyectiles de caucho de energía cinética”, en referencia a las pelotas de goma. Esta propuesta añadía que las conclusiones del dictamen serán implementadas dentro de un plazo de tiempo “adecuado” que permitiese “la transición, sustitución y formación para el uso de nuevos materiales [antidisturbios]”. La propuesta, sin embargo, no fue apoyada por el resto de las fuerzas.

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Finalmente, el pasado 1 de febrero, coincidiendo con la última reunión de la ponencia que elaboraba el texto, PSOE, Unidas Podemos y PNV presentaban al resto de fuerzas una nueva propuesta para superar el escollo. En concreto, los socialistas se abrían por primera vez a introducir en la norma una disposición adicional sobre “gestión policial y material antidisturbios” que determinase que el Ministerio del Interior debía elaborar “un estudio sobre el empleo del material antidisturbios”. En ningún momento se citaba expresamente las pelotas de goma proyectiles ni se apunta a que eso derive, ni mucho menos, en una futura sustitución de los mismos por otros de un material. El texto tampoco convenció a ERC, EH Bildu y Junts, que se mantuvieron en la necesidad de prohibirlo o, en el caso de la fuerza de la izquierda abertzale, de que hubiera un compromiso más explícito, aunque fuera con una manifestación pública del Gobierno, de eliminar en un futuro próximo.

El último episodio hasta ahora conocido de la negociación para cerrar las discrepancias sobre las pelotas de goma se produjo el pasado martes, en un discreto encuentro entre los seis partidos favorables a modificar la norma. De nuevo, PSOE, Unidas Podemos y PNV pusieron sobre la mesa una propuesta que, básicamente, era similar a la anterior, aunque con algunas pequeñas modificaciones. Así, planteaba introducir en la exposición de motivos de la futura ley una alusión al material antidisturbios junto a una disposición adicional en el que se detalle que en la elaboración de los protocolos para su uso, además de Interior, participarían “expertos” y organizaciones de lo que el texto denomina “sociedad civil”, en referencia a grupos como Amnistía Internacional, que ha mantenido encuentros con los partidos para realizar aportaciones a la ley. Además, la propuesta incluía la instauración de mecanismos para permitir identificar a los agentes antidisturbios que utilicen este material. Pese a estos cambios, ERC, EH Bildu y Junts rechazaron la propuesta. El escollo sigue ahí a solo unos días de que la Comisión de Interior vote si envía el proyecto al pleno del Congreso o, definitivamente, lo entierra.

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