El Gobierno deja en el aire el veto a Huawei ITB BARQUISIMETO 24/02/2024

El 16 de mayo de 2019, la Administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluía a Huawei en la lista de entidades que podían suponer una amenaza para la seguridad nacional, argumentando que estaba al servicio del Partido Comunista y podía usar sus equipos y redes en labores de espionaje al servicio de la dictadura china. Consecuentemente, Google retiró el permiso para que los móviles del gigante electrónico usaran su sistema operativo Android y sus aplicaciones (Gmail, Maps, Play Store o el WhatsApp de Facebook, entre otras muchas), lo que produjo un desplome de las ventas del entonces mayor vendedor de smartphones del mundo. Otras empresas estadounidenses como Intel o Qualcomm dejaron de suministrarle chips. Aunque la peor parte vino del veto a las redes 5G, llamadas a revolucionar la telefonía móvil de nueva generación. Huawei estaba ganando la carrera a empresas europeas como Ericsson o Nokia, pero vio como sus redes eran prohibidas en países como Estados Unidos, Canadá o Japón.

En Europa, el veto a las redes 5G de Huawei no ha sido tan inmediato. La Unión Europea dio carta libre a los Estados miembros para que adoptaran sus propias decisiones. Suecia, Noruega o Reino Unido fueron los primeros en sumarse a la prohibición. Pero tras la guerra de Ucrania, Bruselas está presionando a los países para que adopten medidas. La última advertencia ha llegado de Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de asuntos digitales, para que los países rezagados pongan en marcha normas específicas contra estas empresas. El aviso ha resonado en países como Alemania, donde se ha filtrado que está a punto de vetar a la firma china. Y esta misma semana, el Consejo Superior de Seguridad del Ciberespacio de Portugal ha calificado de “alto riesgo” la utilización de equipos y servicios en las redes públicas de comunicaciones electrónicas 5G procedentes de proveedores que no sean de la UE, de la OTAN y de la OCDE.

En España, el Gobierno ha preferido dejar en un limbo ese posible veto a Huawei y otras firmas chinas como ZTE . El primer paso lo dio en marzo de 2022, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto para fijar las normas para garantizar la seguridad de las redes de 5G en los que se citaba la posibilidad expresamente de vetar a proveedores sometidos al “poder de un tercer Estado para ejercer presión” o con “vínculos con los gobiernos de terceros países”. En principio, el plazo iba a ser de tres meses (hasta junio de 2022) para que el Ministerio de Asuntos Económicos comunicase a las operadoras de telecomunicaciones el listado de empresas prohibidas. Sin embargo, más de un año después aún sigue sin conocerse si Huawei o el resto de firmas asiáticas son aptas para la implementación del 5G en nuestro país.

La última iniciativa en este sentido también deja en el aire cualquier prohibición expresa a los fabricantes chinos. El Ministerio de Asuntos Económicos aprovechó la reestructuración de su organigrama para crear el pasado 28 de marzo una Subdirección General de Integridad de las Telecomunicaciones, encargada de “impulsar, tramitar y controlar el cumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas con tecnología 5G”. Sin embargo, dos meses después, el departamento de Nadia Calviño aún no ha designado a ningún responsable para ocupar esa subdirección.

Leyes pendientes

Pero no es la única señal de que el asunto no le corre prisa al actual Ejecutivo. El proyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, que debía incluir la famosa lista de fabricantes vetados, ya no podrá salir adelante en 2023, máxime después de la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio. El retraso en este proyecto se une al de la nueva Ley de Telecomunicaciones. La postura no oficial del Ministerio, pero que ha sido expresada veladamente por su titular, Nadia Calviño, es que el asunto no es urgente porque las compañías de telecomunicaciones que operan en España ya han adoptado medidas adecuadas para protegerse frente a posibles amenazas.

“Las compañías ya están integrando dentro de su toma de decisiones los principios que rigen esta Ley, independientemente de que se adopte o no formalmente algún tipo de decisión o de normativa más detallada en este sentido”, indicaba la vicepresidenta con motivo de la última edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona celebrada el pasado mes de febrero.

En efecto, a falta de una iniciativa oficial, las operadoras se han cargado de eliminar de forma preventiva a Huawei de sus redes. Telefónica sustituyó el core (el núcleo central de la red donde reside la inteligencia y las funciones) que había adjudicado a Huawei por uno de Ericsson, el mismo proveedor sueco que atiende las redes de Orange y MásMóvil. Y Vodafone acaba de adjudicar el suyo a Nokia.

Pero España, como el resto de países de la UE, deberá tener en cuenta el endurecimiento de las medidas contra Huawei que ha emprendido el actual presidente de EE UU, Joe Biden. La Casa Blanca va a bloquear todas las licencias de que dispone Huawei para la exportación de tecnología estadounidense. La Administración ya ha comunicado a las empresas que disponían de estas licencias (AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm, etcétera) la no renovación de las mismas. Las tecnologías afectadas por estos bloqueos no solo es el 5G sino la actual 4G, el WiFi 6, la inteligencia artificial o la Nube.

Las consecuencias económicas para Huawei han sido desastrosas. El gigante tecnológico chino registró un beneficio neto de 5.200 millones de dólares en 2022, lo que supone un descenso del 68,7%. La filial española sufrió en 2021 una caída del 75% en los ingresos de su área de consumo —fundamentalmente venta de móviles— desde los 406,4 millones hasta los 101 millones de euros, así como un beneficio neto de 19,9 millones de euros, un 5,7% menos que en 2020, según las últimas cuentas notificadas en el Registro Mercantil. La compañía facturó casi 720 millones de euros durante 2021 en España, un 26,3% menos que el ejercicio anterior.

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