El presidente Joe Biden, en la Casa Blanca en septiembre de 2022.
El presidente Joe Biden, en la Casa Blanca en septiembre de 2022.KEVIN LAMARQUE (REUTERS)

El presidente de EE UU, Joe Biden, ha ideado para 2024 unos presupuestos con una marcada impronta electoral dirigida a un público muy concreto, la clase trabajadora. Biden, que aún no ha anunciado oficialmente su candidatura a la reelección, tiene previsto presentar este jueves su propuesta de cuentas públicas para el próximo año fiscal en Filadelfia (Pensilvania), un Estado estratégico en las urnas. La hoja de ruta de ese proyecto, repleta de promesas sociales, prevé reducir el déficit en tres billones de dólares (2,8 billones de euros) durante la próxima década, un billón más de lo apuntado por el mandatario en su discurso del estado de la Unión, hace un mes. El demócrata quiere apretar fiscalmente a las grandes corporaciones y las rentas más altas para salvar Medicare, el programa federal de seguro médico, mediante un impuesto mínimo del 25% para los multimillonarios y casi el doble en el tipo de las plusvalías. El impuesto de sociedades pasaría del 21% al 28%, para financiar programas que cuentan “con un amplio apoyo y están en la diana de los republicanos, como la Seguridad Social y el citado Medicare”, detalla en un comunicado la Casa Blanca.

La ambiciosa propuesta, con un monto de 6,8 billones de dólares y que también contempla un notable incremento en el presupuesto de Defensa, es un borrador, pero también un programa electoral, porque sus principales medidas no tienen ninguna opción de avanzar en el Congreso por la anunciada oposición de los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes desde las elecciones de medio mandato; para ellos, la subida fiscal a los ricos es anatema. El líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell —hospitalizado este jueves tras una caída en un hotel de Washington—, ya ha pronosticado que el plan “no verá la luz del día”. Con el Gobierno en riesgo de impago, los conservadores exigen severos recortes del gasto federal para acceder a elevar el límite legal de endeudamiento del Gobierno, el conocido como techo de la deuda, y evitar así la recurrente amenaza de cierre de la Administración. Los republicanos no han presentado ninguna contrapropuesta hasta ahora y remiten a la primavera para dar a conocer sus planes.

Dados los cortos ciclos del sistema estadounidense, Biden está en modo preelectoral desde hace meses, a lo largo de los cuales ha ido desgranando alguna de las líneas maestras de estos presupuestos para 2024 (el nuevo año fiscal empieza el próximo 1 de octubre). Según el mandatario, los ricos deben pagar “la justa parte” que les corresponde en un sistema teóricamente distributivo. “Ningún millonario debería pagar menos impuestos que un bombero”, recordó este lunes. No es la primera vez que la Casa Blanca demócrata anuncia un incremento de la presión fiscal a las corporaciones y las rentas más altas, pero lo que ha cambiado ha sido el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

La propuesta de Biden es “como una declaración de intenciones”, dijo este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Es algo que muestra al pueblo estadounidense que nos lo tomamos muy en serio cuando pensamos en la responsabilidad fiscal, cuando pensamos en cómo avanzar”. Las líneas maestras representan una continuación de la política de la Administración demócrata durante los dos primeros años de mandato: una apuesta por la industria local (el programa Made in America) para revitalizar amplias capas de la población alicaídas por la crisis de 2008 y, posteriormente, por la pandemia. “Invertir en Estados Unidos, reducir costes e impuestos para las familias trabajadoras y proteger y reforzar Medicare y la Seguridad Social”, reitera el anuncio de la Casa Blanca. El plan se propone también recortar subsidios y beneficios fiscales a las petroleras y convencer a las Big Pharma, las grandes farmacéuticas, de que bajen el precio de sus medicamentos, “los más elevados de cualquier país desarrollado”, como denunció de nuevo Biden el domingo en Selma.

Más dinero para defensa y 6.000 millones para Ucrania

Pensilvania, el escenario elegido por el mandatario para el anuncio oficial, es un territorio muy disputado, especialmente desde que en 2016 el antiguo cinturón industrial del Estado, con mayoría de población blanca y obrera, víctima del cierre generalizado de fábricas por la deslocalización, votara masivamente a Donald Trump. Con su nuevo guiño a la clase media y trabajadora, el leitmotiv de su mandato, Biden pretende revertir los recortes fiscales de 2017 del entonces presidente Trump, que beneficiaron a las rentas superiores a 400.000 dólares anuales, algo que según la Casa Blanca incrementó el déficit en dos billones de dólares. A las rentas “por debajo de los 400.000 dólares”, subraya el anuncio oficial, no se les aplicará ninguna subida. Con el recargo a las rentas superiores, la Casa Blanca aspira a garantizar la solvencia de Medicare más allá de 2050.

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El ambicioso objetivo de reducción del déficit y su compromiso con el programa de salud para mayores de 65 años chocarán con las pretensiones de los republicanos, que exigen un presupuesto equilibrado, es decir, sin presión fiscal suplementaria a las rentas altas. De las pocas líneas conocidas hasta ahora de su programa, destacan un recorte en la ayuda exterior ―con Ucrania teóricamente en el punto de mira― así como jibarizar los programas de atención sanitaria, cartillas subvencionadas de alimentos y gastos en vivienda social.

Con respecto a Ucrania, el presidente demócrata ha doblado su apuesta al solicitar al Congreso la aprobación de una partida de 6.000 millones para Ucrania y para fortalecer la alianza de Washington con la OTAN y sus aliados en Europa. EE UU ha destinado hasta ahora un total de 80.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Otros 6.000 millones se destinarían a infraestructuras en varios países asiáticos, para contrarrestar la influencia regional de China. En cuanto al Departamento de Defensa, la Casa Blanca aspira a un aumento del 3,2% en la financiación, con un presupuesto total de 842.000 millones de dólares. Para el Departamento de Estado, del que dependen numerosos programas de cooperación, Biden solicita un incremento del 11%, hasta los 70.500 millones de dólares.

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