Alex Saab quedo libre de todos los cargos criminales en ITB BARQUISIMETO 18/04/2024

Alex Saab y Lindiwe Michelle Maseko, Embajadora de la República de Sudáfrica en Venezuela, reunidos el pasado martes 26 e marzo. Foto: X @AlexNSaab

La Justicia estadounidense desestimó de manera definitiva todos los cargos que pesaban sobre el empresario colombiano Alex Saab, aliado del Gobierno del presidente de

Venezuela, Nicolás Maduro, y quien fue puesto en libertad en diciembre de 2023.

Según consta en una moción con fecha del jueves 28 de marzo e ingresada en la corte el día siguiente, el magistrado federal Robert Scola concedió la desestimación de todos los cargos que pesaban contra Saab tras el perdón presidencial que el pasado 15 de diciembre firmó a su favor el mandatario de EE UU, Joe Biden.

Saab, que estaba acusado, entre otros cargos, de lavado de dinero, salió en libertad ese mes en un intercambio de prisioneros con Venezuela, que a su vez excarceló a diez estadounidenses y a cerca de una veintena de presos políticos venezolanos.

El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde tras una petición estadounidense a través de Interpol. Se le acusaba de supuesto blanqueo de dinero. Tras lo cual, Caracas señaló que Saab fue nombrado en 2018 enviado especial para realizar misiones oficiales en Irán.

Posteriormente fue extraditado a EE UU, acusado de conspiración para lavado de dinero. También era buscado por las autoridades de Colombia por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Además, de exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

El mismo día de su liberación, y tras la llegada a Caracas, el empresario fue recibido con abrazos en el palacio presidencial de Miraflores. Allí, Maduro lo calificó como “un hombre valiente y patriota”.

Un mes después, Maduro nombró a Saab presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) del país. Una instancia creada en 2020 con el objetivo de atraer capitales locales y extranjeros que impulsen la economía nacional; así como para el “registro, estudio y seguimiento” de las sanciones impuestas a la economía de Venezuela.



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