A esta demanda se sumó el 3 de marzo otra acción legal presentada en el tribunal federal de Boston por Lawyers for Civil Rights, que busca bloquear la eliminación del TPS no solo para venezolanos, sino también para haitianos. Los demandantes argumentan que la revocatoria carece de justificación legal y responde a motivos discriminatorios. Según Mirian Albert, abogada principal de la organización, la decisión refleja prejuicios raciales y no se basa en las condiciones reales que afrontan estas comunidades.
Bajo la administración de Joe Biden, el TPS fue otorgado por primera vez a los venezolanos debido a la grave crisis humanitaria. La revocatoria del programa afectaría a cerca de 600.000 venezolanos que perderían su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Rubén Conde con información de NAD
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