Este jueves 9 de marzo, en las instalaciones de El Impulso, se realizó el foro «Ley de Fiscalización y Regularización de las ONG. Amenaza para el espacio cívico venezolano«, donde se reunieron representantes de distintos sectores de la sociedad civil para discutir las implicaciones que este instrumento tendría en sus asociaciones, si llegara a ser promulgado.

Los ponentes que lideraron la conversación fueron el doctor Mario D’Andrea, abogado y defensor de Derechos Humanos, miembro de la asociación civil “Civilis Derechos Humanos” y el doctor Reinaldo Rojas, exconstituyentista, analista histórico, social y político.

Al evento también acudieron miembros de la cámara de comercio, cámara de industriales, de producción, el consejo de la ciudad y organizaciones con fines sociales, además, se reunieron con los jubilados recientemente, según indicó el sociólogo Nelson Fréitez.

“Cerco normativo al espacio cívico en Venezuela”

D’Andrea explicó a la audiencia que este proyecto de ley no se refiere exclusivamente a las organizaciones no gubernamentales, como muchas personas piensan, sino que vulnera la libertad de asociación y a la sociedad civil en general.

El proyecto de ley plantea la fiscalización y regularización de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y afines. D’Andrea, explica que al no definirse en el documento qué se considera “afines”, es impreciso cuáles son las asociaciones que podrían estar dentro de la regulación, por lo que considera que toda asociación civil que no sea de carácter lucrativo quedará bajo este marco, inclusive aquellas que funcionan con recursos propios, como fundaciones y Fedecámaras.

Sostuvo que con el proyecto de ley se busca regular todas las organizaciones sin fines de lucro, impedir la asociación civil para la defensa de los derechos, así como las actividades comerciales y culturales. No obstante, el carácter restrictivo del documento y los múltiples mecanismos regulatorios que comprende, pone en riesgo la existencia de las agrupaciones, mientras que las que puedan continuar existiendo, lo harán bajo la injerencia estadal, señaló.

El experto afirmó que esta ley ataca a la sociedad civil, creando un cerco al espacio cívico nacional, con el objeto de impedir la libertad de asociación, similar a los casos de Rusia y Nicaragua, donde se impide la organización cívica.

Vulneración del procedimiento constitucional

Esta ley fue aprobada en primera discusión el pasado 24 de enero, dicho evento violó el art. 208 de la Constitución, al aprobarse sin la evaluación correspondiente a los artículos, objetivos y fines de la ley, ya que, según explica D’Andrea, ese proceso no ocurrió. 

Indicó que obedeciendo al procedimiento, ahora debería pasarse a consulta y luego a segunda discusión para ser aprobada y remitida a la presidencia. No obstante, el especialista resalta que el proceso de consulta está siendo obstruido ya que el documento oficial no se encuentra en el portal de la Asamblea Nacional, por lo que solo han podido obtener un borrador.

“Lo que estamos abogando, es que esto no debe pasar, porque un proyecto de ley que no se ha hecho público de manera oficial a través de la página de la Asamblea Nacional, e irrespetó el procedimiento constitucional, no debería pasar a segunda fase”, apuntó.

¿Qué puede hacer la sociedad civil?

La sociedad civil está documentando y denunciando estos hechos, consiguiendo que diversas organizaciones internacionales se pronuncien en contra de este proyecto. Esperan acciones del Alto Comisionado y aumentar las voces de la sociedad, explicó el activista en una entrevista con El Impulso.

Por su parte, Reinaldo Rojas, historiador y miembro del Consejo Consultivo del estado Lara, refiere la importancia de la organización social y explica que los obstáculos que la limitan no son positivos para su desarrollo.

Explica que el proyecto de ley prácticamente imposibilita la acción de la sociedad civil en los espacios que le competen, ocasionando que las organizaciones se trasladen a la informalidad debido al excesivo marco regulador que propone el proyecto de Ley de Fiscalización y Regularización de las ONG.

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