El gobierno venezolano ignora lo que establece el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional cuando pretende que ésta suspenda las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, para llevar a cabo sus conversaciones con la oposición, declaró a El Impulso el doctor Rafael Narváez, ex parlamentario y quien por espacio de casi cuarenta años se ha destacado como defensor de los Derechos Humanos en Venezuela.

La Corte Penal y el Sistema Universal de Derechos Humanos no concede privilegios a los investigados por ser responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, explicó.

La Corte sigue su investigación a raíz de la última prórroga que le dio el Fiscal Karim Khan al Estado venezolano para que diera una última información porque la suministrada hasta entonces no ha convencido a la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual es la que autoriza al mencionado funcionario para que se abra la investigación en nuestro país.

Esa investigación no la detiene nadie porque el equipo técnico de jueces trata completamente la materia penal y la Corte no tiene nada que ver con el ambiente político, ni tampoco se somete a ninguna condición para continuar un diálogo entre dos partes antagónicas porque no se corresponde a sus funciones específicas.

Esa propuesta de suspender un proceso investigativo llevado a cabo por la Corte, indudablemente, es una ignorancia total de quienes asesoran al gobierno venezolano, puesto que una condición de esa naturaleza está fuera de lugar.

Ni las dos tendencias –gobierno y oposición—y menos el presidente Gustavo Petro están autorizados por las víctimas y familiares de las víctimas para que establezcan una mesa de negociación para considerar lo que ocurrió en el 2.017 en casos de crímenes de lesa humanidad.

La investigación que se ha iniciado en Venezuela, remachó en sus declaraciones, no la detiene nadie, ni tiene nada que ver con negociación diplomática alguna, ni mucho menos con cualquier petición que haga el Estado venezolano.

Es de recordar que como el Fiscal Kham avanzaba en su proceso investigativo, el gobierno de Venezuela exigió, primero, que los jueces que estaban participando en la Sala de Cuestiones Preliminares, cuya función es la de evaluar los expedientes de crímenes de lesa humanidad en los países que han suscrito el Estatuto de Roma, se abstuvieran de investigar los casos de Venezuela porque, según su apreciación, no tenían imparcialidad; segundo, que no se le permitiera a las víctimas de crímenes de lesa humanidad acceder a la Corte para consignar denuncias y participar en la investigación.

En esa oportunidad, la Corte rechazo esas peticiones y decidió abrir una página para que las víctimas consignaran testimonios, videos y denuncias, cuyo resultado fue que se llenaran más de 2 mil formularios mediante los cuales fueron ratificados los hechos ocurridos en el 2.017: torturas, tratos denigrantes, desapariciones forzadas de personas, acoso sexual, violaciones de mujeres detenidas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de personas indefensas.

Conviene destacar que los crímenes de lesa humanidad ocurren cuando las agresiones son sistemáticas a una población civil y, precisamente, esa situación está plenamente demostrada en la Corte.

Ante ésta, el Estado debía consignar el avance en materia de investigación y la identidad de los presuntos responsables de los crímenes cometidos; pero, el informe que entregó no mostró evidencia de que se había actuado correctamente.

Debe quedar claro que la Corte no investiga delitos menores, ni a funcionarios de bajo rango, incluidos suboficiales y oficiales, sino a los que tienen alto rango y prominente nivel, así como jefes de Estado y presidentes que ordenan procedimientos reñidos con el respeto a los Derechos Humanos.

Hasta ahora han sido involucrados en Venezuela oficiales de bajo rango y algunos de ellos, sancionados; pero, no los que deben ser investigados por sus altas responsabilidades, tal como lo establece el Estatuto de Roma.

Para dar un ejemplo de lo que ha pasado están los responsables del Plan Zamora, establecido por Maduro a partir del 18 de abril del 2.017 contra las manifestaciones y movilizaciones de calle, apuntó. Los jefes de los componentes de las fuerzas armadas que participaron en dicho plan nunca han sido tocados.

La Corte dio un plazo al Estado venezolano hasta el 20 de abril del corriente año, pero el Estado no respondió y las víctimas están respaldando al Fiscal Khan para que no detenga la investigación. Y se sigue investigando.

De manera que está fuera de orden, de lugar, tratar de colocar en una mesa de discusión política el planteamiento del gobierno de que si no se detiene la investigación de los crímenes de lesa humanidad, entonces, no se sentará en México con la representación opositora. Esa propuesta no tiene sentido dentro de lo establecido en el Estatuto de Roma, reiteró el doctor Narváez.

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